
Los servidores públicos, por definición, son personas que prestan servicios al Estado como miembros de las organizaciones públicas, como empleados o trabajadores del mismo, de sus entidades descentralizadas y debe ejercer funciones en la formas prevista por la constitución, estando su responsabilidad y la manera de hacerla efectiva determinadas por la ley. Por ende, y sin importar la forma o manera en que se encuentre vinculado ese servidor público, debe asistirlo compromisos mayores consigo mismo, la comunidad, la institución a la que presta sus servicios, lo que importa y, por encima de cualquier circunstancia, lealtad, entrega, vocación, sacrifico, capacidad, disciplina, honorabilidad, voluntad y honradez. Nuestra Constitución actual define al servidor público en el artículo 229 de la siguiente manera: “Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público”. Por lo tanto no existe diferencia alguna entre dignatarios, funcionarios o servidores públicos, ya que las tres denominaciones están consideradas a la presente fecha como servidores púbicos.

Por otro lado, ya se escucha en los comentarios de la gente que ciertos municipios traerán foráneos a puestos clave dentro de su administración, no obstante me pregunto, ¿acaso no nos hemos quejado antes por permitir la injerencia de personas, que de otras partes del país vengan a decidir sobre nuestros destinos? ¿Es que acaso no tuvimos el escarmiento en la administración pasada? Pensemos si es admisible que “tropecemos con la misma piedra”. Debemos vigilantes a que esto no se repita, ya que serán cinco años de una tortuosa situación que a quien más les hace daño es a la comunidad que espera los cambios, las obras y el desarrollo.
Que sean los mejores hombres y mujeres que están al frente de los departamentos clave, las acciones de los servidores públicos deben estar siempre, por siempre y como fórmula de superación, encaminadas urgentemente a borrar de una vez por todas la visión negativa que los ciudadanos tengan o puedan tener sobre el manejo de administración pública, y enfrentar con realismo ese posible desprestigio y frustración.
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